La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, ha impugnado el pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la contratación del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Huetor Vega, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de dicho Ayuntamiento, ya que establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales. En concreto, establece un precio del servicio de 13 euros /hora IVA incluido, cuando el mínimo debería ser de 13,48€/hora (IVA incluido), ya que de otra forma no se garantiza el cumplimiento del Convenio Colectivo. Y eso, sin incluir en esos 13,48€ las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP).
Desde UGT recuerdan que en Huetor Vega, hay 21 trabajadoras y 1 trabajador, 21 en total, prestando este servicio público municipal, muchos de ellos a tiempo parcial, o con contratos temporales, y que su sueldo depende de la licitación que se establezca por parte del Ayuntamiento. El Sindicato señala que mantener este precio/hora de 13 € va a suponer a buen seguro que se produzcan incumplimientos laborales, ya que los trabajadores que realizan el servicio tendrán que hacerlo renunciando a sus derechos, recogidos en el VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes. No es posible, afirman, que desde un Ayuntamiento, que debe ser especial garante del cumplimiento de las leyes, se favorezca veladamente que se conculquen derechos laborales.
El Sindicato pide no solo que se cumpla el coste laboral real, calculado en 13,48 euros, sino que se ajusten los Pliegos de Condiciones Administrativas a la Ley de Contratos del Sector Público, en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Se recuerda además, que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía, lo que hay que promover, afirman, es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria. De hecho, UGT no renuncia a su reivindicación acerca de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, porque la gestión directa de este servicio traería consigo un importante ahorro para las arcas municipales por la eliminación del beneficio empresarial, y es factible el rescate porque el mantenimiento de este servicio conlleva muy poco coste en equipamiento e infraestructuras.
Por último desde UGT se pide a las empresas del Sector de Dependencia que no participen en esta, u otras licitaciones del servicio de Ayuda a Domicilio que no garanticen el cumplimiento del Convenio colectivo, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial.
